LA CERTIFICACIÓN COMO REQUISITO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Por: Abg. María Cristina Careaga y Abg. Larissa Recalde

INTRODUCCIÓN.

En la actualidad un mecanismo utilizado por la Administración para garantizar la calidad de los productos y/o servicios a ser adquiridos es el de solicitar certificaciones en los procesos de contratación. Dicho requisito ha causado mucho impacto en los últimos tiempos, lo cual se ve reflejado en las impugnaciones realizadas tanto contra las bases de la licitación, como contra los resultados de los mismos. Ante tal cuestión, hemos decidido abordar el tema mencionado.


Para el desarrollo del presente trabajo se ha realizado un análisis de la normativa nacional y de los casos sustanciados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también se ha recurrido a los antecedentes que sobre la materia se han sustanciado en la región.

De todo ello, se ha constatado que la inclusión de la Certificación en los procesos de contratación debe en primer lugar responder a la necesidad concreta y real de la Institución, es decir, la misma debe garantizar a la Administración las mejores condiciones de compra, y ésta debe ser requerida siempre y cuando resulte técnicamente indispensable para satisfacer la necesidad específica del Estado.

No se puede pasar por alto que la inclusión de dicho parámetro en los pliegos de los procesos licitatorios, representa una limitación a un sector de potenciales oferentes, razón por la cual la determinación de dicha exigencia en los pliegos deberá ser analizada realizando la investigación correspondiente que sustente la necesidad de incluir dichos estándares en la licitación.

Ante lo mencionado, hemos considerado pertinente plasmar en el presente trabajo, primeramente, el régimen normativo dentro del cual podría sustentarse la inclusión de dicho requerimiento a los procesos licitatorios regidos por la Ley N° 2051/03, para luego, basados en los casos sustanciados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como así también en la experiencia internacional sobre la cuestión debatida, esbozar unos lineamientos generales dentro de los cuáles, la inclusión de dicho requisito, podría realizarse sin amedrentar los principios y la normativa que rigen a la contratación pública.

MARCO NORMATIVO NACIONAL: DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 2051/03.

El Artículo 20 de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas” emite los lineamientos mínimos que deben contener los Pliegos de Bases y Condiciones que regirán a cada proceso de contratación en particular. Asimismo en el Decreto Reglamentario de la Ley, específicamente en el artículo 33, se indica que la elaboración de los mismos es responsabilidad de las Unidades Operativas de Contratación (UOC), los cuales deben ser aprobados por acto administrativo de la Máxima Autoridad de la Institución Convocante.

En ese sentido, como requisitos mínimos que deben contemplar los Pliegos de Bases y Condiciones, se establece en los incisos h) y l) del citado artículo, lo siguiente: “…h) descripción completa de los bienes, locaciones, servicios y obras públicas, o indicación de los sistemas empleados para la identificación de los mismos;…aplicación de normas técnicas, referidas preferentemente a parámetros internacionales…muestras, y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas… l) requisitos que deberán cumplir quienes desean participar”. De lo expuesto se desprende que compete exclusivamente a la Convocante, a través de la Unidad Operativa de Contratación, definir en el pliego las especificaciones técnicas de los bienes, servicios y obras a ser licitados, como así también los demás requisitos de la convocatoria.

No obstante, en el in fine del referido artículo la normativa ha establecido límites a la facultad conferida por la Ley a las entidades Convocantes, indicándose, entre otros, que no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Ante la facultad otorgada a quienes tienen la responsabilidad de definir los lineamientos que regirán a la Convocatoria, la misma Ley ha establecido límites a su ejercicio.

Ahora bien, todas las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03 deben ser aplicadas e iluminadas con los principios plasmados en la misma, entre los cuales se encuentra el Principio de Economía y Eficiencia1, el cual refiere a que los organismos, entidades y municipalidades deben programar sus requerimientos de contratación, de modo a que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación.

Dicho principio resulta aplicable al tema tratado en el presente trabajo, en tanto que los lineamientos que regirán al proceso de contratación en particular deben ser escogidos y determinados de manera tal a que con los mismos se garantice al Estado las mejores condiciones de contratación, concepto el cual abarca garantizar la calidad del bien, servicio u obra a ser contratado.

Así las cosas, en atención a la disposición contenida en el inciso a) del Artículo 4 de la Ley N° 2051/03, y los incisos h) y l) del Artículo 20 del mencionado cuerpo normativo, las Convocantes podrían incluir como requisito de la licitación cierta certificación de los productos, servicios, personas o de gestión de calidad, siempre y cuando no se vulnere el límite plasmado en el in fine del propio Artículo 20 ya mencionado.

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD DE CERTIFICACIONES EN LAS LICITACIONES.

Como se ha mencionado en el punto anterior, la inclusión del requisito de “certificación” puede ser realizada, no obstante la administración debe poder sustentar dicha elección, puesto que el límite plasmado en el art. 20 de la Ley N° 2051/03 refiere a la inclusión de requisitos que no resulten técnicamente indispensables. A ese respecto, se debe esclarecer primeramente que la solicitud de certificación es solo uno de los mecanismos que podría establecerse como requisitos de la licitación a efectos de garantizar la satisfacción de la necesidad que se pretende.

Otros mecanismos podrían ser: a) solicitud de muestras; b) prueba o informes laboratoriales; o, c) declaraciones juradas.

En relación a ello, se debe aclarar que las certificaciones requeridas en los pliegos pueden garantizar la calidad del producto o el cumplimiento de determinadas especificaciones técnicas. De los mecanismos mencionados, las declaraciones juradas – sea del oferente o del fabricante del bien (si el oferente no es quien fabrica el bien ofertado) – resulta el nivel más bajo de acreditación.

Es por ello que en cada caso en particular, la administración debe determinar el mecanismo más conveniente según el producto/servicio a ser adquirido, y considerar el riesgo que podría generar un eventual incumplimiento del proveedor o contratista. La tendencia respecto a la cuestión mencionada se resume en lo siguiente: ante mayor riesgo, mayor rigurosidad2:

El gráfico ilustra correctamente cómo, la selección del mecanismo a ser establecido en una convocatoria en particular, responde principalmente al riesgo que podría generarse ante un eventual incumplimiento del proveedor o contratista.

Del análisis de los casos planteados en otros países, como así también de estudios realizados sobre la cuestión, la corriente mayoritaria indica que el mismo puede ser solicitado:
1. Cuando para la administración represente una diferenciación significativa respecto a productos que cumplen con las especificaciones técnicas, pero que no se encuentren certificados.

2. En atención al riesgo de que un producto no cumpla con las condiciones técnicas requeridas (en términos de la consecuencia para las personas, económicas o ambientales).

3. Si existe suficiente oferta en el mercado.

Los parámetros citados precedentemente son los comúnmente analizados al momento de determinar la conveniencia o no de solicitar certificaciones en un proceso de contratación en particular. Como podrá notarse, la inclusión de las mismas puede ser realizada, pero debe encontrarse debidamente sustentada. Se considera que la tesitura mencionada puede ser sustentada en nuestra normativa, con las disposiciones citadas en el numeral 1 del presente trabajo.

a. Aspectos a ser tenidos en cuenta al momento de analizar la pertinencia de la inclusión de certificaciones en el PBC.

En base a los criterios mencionados precedentemente, existen aspectos que deben ser analizados, y sustentados por las Convocantes, a los efectos de determinar la pertinencia de la inclusión de certificaciones en los procesos de contratación regidos por la Ley N° 2051/03, a saber:

1. Correspondencia entre el tipo y el alcance de la certificación solicitada con el objeto de la licitación y el objetivo de la administración con su inclusión.

La Convocante debería poder responder a las siguientes preguntas:
• ¿Qué busco garantizar con dicha certificación?
• ¿Cuál es el alcance de la certificación requerida?
• ¿Existen otras certificaciones similares en el mercado? ¿Cuáles son?

2. El impacto del riesgo ante un posible incumplimiento de las especificaciones técnicas o en la ejecución del contrato. Al respecto, se consideran como impacto alto aquellos que afectarían la salud de las personas, la economía nacional, seguridad, medio ambiente.

3. Realidad del mercado: la Convocante debe poder demostrar que, además de ser técnicamente indispensable, no limita la concurrencia y que existen en el mercado varias empresas que podrían cumplir con dicha exigencia.

b. Tipos de certificaciones.

Las certificaciones responden a normas técnicas con las que se sustenta un proceso. Las mismas deben ser entendidas como el documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya observancia no es obligatoria.

Las normas técnicas pueden ser creadas por cualquier agente económico o ente interesado en establecer parámetros que le aseguren a él o a terceros, que sus productos o servicios, presentan determinadas características relacionadas con aspectos de interés, como pueden ser la calidad, la protección ambiental, entre otros. El reconocimiento que el mercado otorga a las normas se encuentra entonces directamente relacionada con la credibilidad de la que goza su creador. Por ello, las creadas a nivel internacional gozan de mayor credibilidad.

Asimismo, a partir del concepto dado, no debe llamar la atención que a la fecha abunden normas e instituciones (ISO3, IEC, EMAS, CE) que emitan certificaciones a nivel internacional. Entre las existentes, podemos encontrar las que certifican productos, proceos y personas.

La primera verifica y asegura que los productos y/o servicios fabricados por una empresa específica se adecuen a exigencias técnicas de una o varias normas. Ésta requiere una evaluación específica del producto o servicio mediante diferentes tipos de pruebas.

En este punto, podríamos traer a colación las Certificaciones FDA.4, la cual se encarga de la protección de la salud mediante la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, dicha certificación es incluida en varios pliegos emitidos por el Ministerio de Salud y Bienestar Social y el Instituto de Previsión Social. En dichos procesos la Administración ha sustentado su inclusión en la necesidad de garantizar la calidad del medicamento a ser adquirido.

Esta inclusión en los pliegos ha generado varias controversias a nivel nacional, ya que existen otras entidades que certifican la misma situación a nivel regional e internacional, por lo que las instituciones al momento de introducirlas en los pliegos deben justificar razonadamente el fundamento de por qué resuelven circunscribir su pliego a una determinada certificación.
Asimismo, se encuentran también las Certificación de sistemas de gestión de calidad, las cuales se refieren a la manera de operar de una empresa, es decir, el sistema que ha implementado para establecer la política y los objetivos de calidad, y para lograr dichos objetivos, no corresponde a las características técnicas específicas de un producto.

Si para la Administración es relevante que el proceso productivo sea estándar, el alcance de la certificación debe ser de producción. Como ejemplo de esta Certificación podríamos citar a la ISO 9001:2008, la cual se centra en los elementos de la gestión de calidad con la que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Lo que certifica específicamente son los procesos que la empresa realiza para la obtención del producto o servicio que presta.

A la fecha se han incrementado los pliegos que requieren este tipo de certificaciones para garantizar que la prestación de los servicios requeridos se encuentren estandarizados de acuerdo a normas internacionales que avalen el cumplimiento final de las obligaciones contraídas por la firma con la Administración.

También existen entidades que emiten Certificaciones relativas a las personas, las cuales se encargan de la verificación de la capacidad de una persona para aplicar conocimientos y habilidades de forma a lograr resultados previstos. Estas certificaciones en la actualidad no abundan en nuestro sistema de contrataciones.

Conforme nos referimos más arriba, actualmente existen varias entidades que emiten dichas certificaciones por lo que la Administración deberá verificar cuál de ellas es la más adecuada a la realidad que pretende satisfacer la misma. Es decir, deberá analizar teniendo en cuenta los aspectos desarrollados en el apartado anterior y así identificar cual es la certificación o certificaciones que permitan garantizar la calidad del producto y/o servicio a ser adquirido.

LA IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE LA LICITACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD.

Un aspecto preponderante al momento de analizar la pertinencia de la inclusión o no de las certificaciones como parámetro de garantía de calidad de los productos y/o servicios a ser adquiridos por la Administración es la elaboración correcta del Pliego de Bases y Condiciones.

Dicha importancia radica en que la Administración al momento de iniciar el diseño de la licitación debe tener claramente definida la necesidad que se pretende satisfacer a través del proceso licitatorio, para ello deberá identificar el bien o servicio a ser adquirido, fijando las características técnicas adecuadas, las cuales se verán reflejadas en las especificaciones técnicas5.

Ello implica que el funcionario encargado de elaborar las condiciones de la contratación tenga bien claro cuestiones como:

1) el bien con el cual la necesidad detectada puede ser satisfecha;

2) qué tipos de bienes existen en el mercado;

3) cuáles son las empresas que producen esos bienes;

4) a qué precio se adquieren dichos productos en el mercado; y,

5) el impacto del riesgo de que un producto finalmente no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, o que se generen inconvenientes en la ejecución del contrato.

Si acabado el análisis enunciado, surge la necesidad de adquirir productos y/o servicios con características distintivas que se encuentran reflejadas en estándares de calidad, la inclusión de la certificación se encuentra plenamente fundamentada, caso contrario, el ente podría adquirir un bien o servicio que no garanticen el cumplimiento del objeto que motivó la licitación.

La problemática recurrente ante esta situación es la ausencia de un análisis profundo acerca del bien y/o servicio a ser adquirido y la necesidad de la Administración, ya que existen casos en que el usuario necesita un bien específico que cumpla con características específicas de calidad, sin embargo el elaborador del pliego al realizar las especificaciones técnicas incluye características que se apartan de lo requerido por el usuario y culmina adquiriendo un bien que no logra satisfacer la necesidad que dio origen al proceso, o lo satisface de manera parcial. Esto es consecuencia directa de un diseño inapropiado de la licitación.

En concordancia a ello, existen casos en los que la Administración, con el afán de elevar los parámetros de la licitación, incluye la solicitud de certificaciones sin el análisis correspondiente tanto del objeto como de la necesidad que se pretende satisfacer incurriendo así en una desviación de lo que realmente es requerido por la entidad, pudiendo incluso con dicho requisito limitar la participación de potenciales oferentes o circunscribir dicha licitación a un solo participante.

Por ello, se deberá analizar la certificación a ser requerida, es decir, no deberá incluir la solicitud de certificaciones por el simple hecho de elevar los parámetros de la licitación, cuando del objeto de la misma se desprenda que no resultan técnicamente indispensables, ya que existen bienes o servicios que pueden prescindir de las certificaciones y de igual forma darán cumplimiento a la finalidad de la licitación.

Es así que la Administración al momento de realizar los pliegos podrá incluir la solicitud de determinadas certificaciones, no obstante, deberá necesariamente verificar si en el mercado existe más de una certificación que acredite la particularidad del bien o servicio a ser adquirido. En caso de existir tal situación, la Administración deberá incluir en las especificaciones técnicas requisitos relativos a dichas certificaciones sin especificar una en particular, de modo tal a que puedan presentarse todas aquellas firmas que cumplen con la certificación requerida.
Uno de los puntos en el cual deberá centrarse la Administración para determinar la inclusión de Certificaciones en el pliego es el impacto del riesgo de que un producto finalmente no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, o que se generen inconvenientes en la ejecución del contrato, tal como vimos anteriormente a mayor riesgo mayor deberá ser la rigurosidad establecida en el pliego, es decir, más sustentada estará la solicitud de certificaciones en el llamado.
Como vemos, el pliego es el medio que posee la Administración para satisfacer la necesidad en la forma y en tiempo oportunos, por tanto, el mismo debe ser realizado con el mayor rigor y responsabilidad por parte de la Entidad, de forma tal que permita la adquisición adecuada del bien y/o servicio requerido por el usuario.

a. Estudio de mercado.

No podríamos hablar de la importancia del diseño de la licitación, que sustente la inclusión del requisito analizado en el presente trabajo, sin la realización de un buen estudio de mercado6. La elaboración de un correcto estudio de mercado, y la incidencia del mismo en la licitación, ha sido especialmente destacada por órganos como la OCDE7.

En una publicación de enero del corriente año, la OCDE ha recomendado a uno de los Estados miembros (México)8, tomar acciones tendientes a que el diseño de sus licitaciones se basen en información adecuada, lo cual es logrado con un apropiado estudio de mercado. La OCDE ha destacado el rol preponderante del estudio mencionado, y lo ha relacionado directamente a la eficiencia de la contratación.

Así, por ejemplo, al realizar el estudio de mercado correspondiente, la administración podrá conocer el mercado al cual apunta con la licitación9, verificará si existen empresas que producen determinado tipo de bienes, y si éstas se encuentran certificadas, o si los productos producidos por ellas cuentan con certificaciones que permiten garantizar la calidad del bien.
Incuestionablemente, la fase de diseño y análisis de la licitación, en el cual se encuentra el estudio de mercado como clave de eficiencia de la convocatoria, dará a la administración las herramientas necesarias para sustentar su decisión10, y demostrar que la inclusión de certificaciones como requisito de la licitación no resulta una arbitrariedad ni un mero capricho por parte de la misma.

CONSIDERACIONES QUE DEBE TENER LA ADMINISTRACIÓN AL MOMENTO DE SELECCIONAR UNA NORMA O CERTIFICACIÓN COMO REQUISITO DE LA LICITACIÓN.

Ha sido ya expuesto en el presente trabajo, que la inclusión de una certificación como requisito de la licitación debe responder a un estudio y análisis que debe ser realizado por la Administración, es decir, la misma deberá considerar y definir los términos en que dicha exigencia será incluida en el PBC. Para el efecto, se exponen las siguientes cuestiones que, según la recomendación internacional, deben ser tenidas en cuenta al momento de incluirlas en las bases de la licitación.
En primer lugar, la administración debe identificar concretamente la norma/certificación a ser incluida en el pliego, como así también las normas existentes en el mercado que se estiman son equivalentes o similares, y que satisfacen igualmente el objetivo de la Administración.
Si del estudio del mercado correspondiente se constata que existen varias normas o certificaciones que avalen lo mismo, se debe optar por admitir todas, salvo que, en virtud al riesgo, la complejidad y cuestiones específicas de la contratación, la administración prefiera la norma/certificación que cuente con procedimientos más rigurosos, para lo cual deberá demostrar por qué se considera una norma/certificación más rigurosa que otra.

Como por ejemplo, podemos citar en este punto que existen certificaciones a nivel internacional y regional, entre las que existen diferencias sustanciales en los pasos para obtenerlas, por lo que la Administración deberá justificar plenamente la razón por la cual incluye una, y desecha otra11.

Asimismo, deberá definir específicamente el tipo de norma/certificación requerida, y evitar términos como “etc., otros”12, ya que en numerosos casos esto ha inducido al oferente a incurrir en errores al momento de la presentación de la oferta, por creer que la norma o certificación con la que cuenta podría ser aceptada por la Administración.

Asimismo, en varios casos se ha destacado la importancia de que la Administración defina taxativamente en las bases de la licitación la versión de la norma que se requiere13. En todos los casos, como ya hemos mencionado, resulta sumamente importante el análisis por parte de la Administración de si efectivamente resulta técnicamente indispensable la inclusión de dicho requerimiento en el Pliego de Bases y Condiciones.

En base a lo expuesto, no se puede negar que con sus luces y sombras, la inclusión en las licitaciones han sido de gran importancia, ya que han elevado los estándares de los bienes y/o servicios a ser adquiridos, obligando de esta manera a que las empresas interesadas de participar en determinadas licitaciones obtengan estas certificaciones, adecuando sus procesos o productos a los estándares internacionales, lo cual redunda en un beneficio a la administración.

CONCLUSIÓN.

En base al análisis esbozado en el presente trabajo, se concluye que la solicitud de certificaciones en las licitaciones puede ser realizada siempre y cuando la administración pueda sustentar su decisión, puesto que su inclusión responde a niveles de acreditación de calidad del producto o cumplimiento de especificaciones técnicas, los cuales debieron ser analizados por la Administración en la fase de diseño de la licitación.

Reiteramos que la inclusión de la misma en las licitaciones, responde a un nivel alto de acreditación, por lo que su determinación debe ser realizada según los riesgos observados en cada proceso de contratación en particular, asegurando además la concurrencia a la licitación.

Su inclusión no debe responder a decisiones arbitrarias de la Institución, ya que la misma debe servir para garantizar una compra de calidad y no limitar la participación o restringir la misma sin fundamentos técnicos que acrediten la necesidad de incluirlas en el pliego, ya que, como hemos visto, de conformidad a lo establecido en el art. 20 de la Ley N° 2051/03, los pliegos necesariamente deben estar motivados. La motivación de los mismos juega un papel preponderante en la regularidad y en el cumplimiento de los principios que deben regir las compras públicas.

Así es que la pertinencia de la inserción de las Certificaciones como mecanismo de garantía de calidad del producto debe ser fundamentada y deberá basarse en la finalidad de la licitación y su fijación habrá de ser analizada teniendo en cuenta parámetros y aspectos que determinen la necesidad innegable de incluirlas en los Pliegos de Bases y Condiciones. Caso contrario, la Administración debe acudir a otros mecanismos que aseguren igualmente al Estado las mejores condiciones de contratación (solicitud de muestras, pruebas laboratoriales, declaraciones de los fabricantes, etc.). Si no existe fundamentación para la inclusión de certificaciones como requisito en un proceso de contratación, la misma deber ser descartada.

REFERENCIAS.

• AGUILAR, Sylvia Elena. “Boletín Compras Responsables”. Nro. 40, año 2015. “Selección de mecanismos para verificación de conformidad con especificaciones técnicas”, disponible en: http://www.ricg.org/.

• AGUILAR, Sylvia Elena, “Boletín Compras Responsables”, Nro. 42, 2015, “Valor por dinero en las compras públicas”, disponible en: http://www.ricg.org/.

• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Resoluciones R-DAGJ-557-2003 y R-DCA-627-2013, disponible en: www.cgr.go.cr.

• MARIENHOFF, Miguel. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III – A. Ed. ABELEDO PERROT, Buenos Aires – Argentina. Pg. 206, 207, 210.

• OCDE (2018). “Combate a la colusión en licitaciones en México: Una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE”, disponible en: www.oecd.org/daf/competition/fighting-bid-rigging-mexico-cfe-report-2018.htm.

1 Inc. a) del art. 4 de la Ley N° 2051/03.

2 Gráfico extraído de: AGUILAR, Sylvia Elena, “Boletín Compras Responsables”, Nro. 40, 2015, “Selección de mecanismos para verificación de conformidad con especificaciones técnicas”, disponible en: http://www.ricg.org/.

3 Las 3 normas ISO más populares son: ISO/IEC 17025 (laboratorios de prueba y calibración), ISO 9001 (gestión de calidad), ISO/IEC 27001 (Gestión de seguridad de la información). Otras normas estándar de la misma son: ISO 14001 (Gestión ambiental), ISO 3166 (country codes), ISO 50001 (gestión energética), ISO 45001 (salud y seguridad ocupacional), ISO 26000 (responsabilidad social), ISO 13485 (dispositivos médicos), ISO 31000 (gestión de riesgos), ISO 37001 (Sistemas de gestión antisoborno). Fuente: https://www.iso.org/home.html.

4 Food and Drug Administration (U.S.). Fuente: https://www.fda.gov.

5 “…El Pliego de Bases y Condiciones es el resultado de un proceso preliminar, en el cual, ante una necesidad que debe ser satisfecha, la Administración Pública comienza por estudiar qué es lo que necesita, cuánto, cómo y a qué plazo necesita la provisión, la obra…”. MARIENHOFF, Miguel; “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III – A; Ed. ABELEDO PERROT; Buenos Aires – Argentina; pg. 210.

6 El Artículo 15 de la Ley 2051/03 establece en su último párrafo que: “…Además, como condición previa para iniciar cualquier procedimiento de contratación según la naturaleza del proyecto, las Convocantes deberán contar con el estudio, diseños, incluidos planos y cálculos, especificaciones generales y técnicas debidamente concluidos, y en todos los casos, con la programación, los presupuestos y demás documentos que se consideren necesarios…” (SIC).

7 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, agrupa a 35 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social. Paraguay no es miembro de la OCDE, no obstante en al año 2017 se ha convertido en miembro del Centro de Desarrollo de la OCDE.

8 OCDE (2018), “Combate a la colusión en licitaciones en México: Una revisión de las reglas y prácticas de contrataciones de la CFE”, www.oecd.org/daf/competition/fighting-bid-rigging-mexico-cfe-report-2018.htm.

9 AGUILAR, Sylvia Elena, “Boletín Compras Responsables”, Nro. 42, 2015, “Valor por dinero en las compras públicas”, disponible en: http://www.ricg.org/.

10 “…El principio que establece la ‘igualdad’ entre los licitadores u oferentes no es absoluto. Admite excepciones racionales. Por consiguiente, no se vulnera el principio de igualdad cuando, por vía idónea y con carácter previo al llamado a licitación, se establece una preferencia en favor de determinadas categorías de licitadores u oferentes. Así, pueden establecerse preferencias impersonales para todos los que se encuentren en determinada situación, o para los que revistan determinado carácter, o para los que ofrezcan, por ejemplo, producto nacionales…”. MARIENHOFF, Miguel. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo III – A. Ed. ABELEDO PERROT; Buenos Aires – Argentina. Pgs. 206/7.

11 A los efectos de una mejor ilustración, se propone la lectura de las impugnaciones sustanciadas en el marco de la licitación con ID N° 309.732, en las cuales se han emitido las Resoluciones DNCP N° 2485/17 y N° 2808/17.

12 “En cuanto a las certificaciones, se deberá precisar el tipo de certificación que se requiere, y eliminar el “etc” que se consigna en la cláusula indicada, por cuanto ello daría pie a una indeterminación en cuanto al tipo de certificación idónea que, en todo caso, debe ser fijada previamente por la Administración. Esto por cuanto la Administración debe saber por quién y qué es lo que desea se le certifique, y no dejar a criterio del oferente qué tipo de certificación aporta”. Fuente: Resolución R-DAGJ-557-2003, Contraloría General de la República de Costa Rica, disponible en www.cgr.go.cr.

13 “Cuando se cita la norma específica en el cartel, se debe indicar cuál es la versión de la norma que se requiere. Asimismo, cuando se analizan las ofertas, verificar que se ellas se refieran a la versión solicitada, la Administración no está en la obligación de aceptar como equivalentes normas en diferentes versiones”. Fuente: Resolución R-DCA-627-2013, Contraloría General de la República de Costa Rica, disponible en www.cgr.go.cr.