Respuesta:

En relación con la consulta planteada respecto a la exigencia de certificaciones internacionales que avalen la capacidad de los oferentes en términos de cumplimiento, calidad empresarial y seguridad de la información, se aclara lo siguiente:
Los requisitos mínimos exigidos para la presentación de ofertas son los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).
La posesión de certificaciones de calidad internacional por parte de una empresa oferente no constituye impedimento alguno para la presentación ni para la evaluación de su oferta.
No obstante, se aclara que la inclusión de certificaciones específicas como requisito obligatorio podría limitar la participación de otras empresas que, aun cumpliendo con los requerimientos técnicos y operativos, no cuentan con dichas acreditaciones internacionales.
Por tanto, la convocante no requiere certificaciones internacionales como condición excluyente, priorizando la igualdad de condiciones entre oferentes y garantizando la libre competencia, conforme a los principios de transparencia y eficiencia que rigen el proceso de contratación.

Respuesta:

En relación con la consulta planteada respecto a la incorporación de personal certificado en estándares internacionales como PMI (Project Management Institute) o ITIL (Information Technology Infrastructure Library), se aclara lo siguiente:
Los requisitos mínimos exigidos por la convocante están claramente establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC), donde se solicita expresamente la participación de un técnico certificado por el fabricante de la marca ofertada, responsable de la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos contratados.
Si bien se reconoce que el presente proyecto reviste carácter icónico y estratégico para la institución, la definición de los perfiles técnicos requeridos responde a criterios de eficiencia, pertinencia y equidad, priorizando la participación de oferentes que cumplan con los requisitos esenciales sin imponer barreras adicionales.
La exigencia de certificaciones internacionales como PMI o ITIL, si bien aportan valor en términos de gestión y calidad, no ha sido establecida como requisito obligatorio en el PBC. Esto se debe a que su incorporación podría restringir la participación de empresas calificadas que, aun sin contar con dichas certificaciones, poseen la capacidad técnica y operativa para cumplir con los objetivos del proyecto en tiempo y forma.
En ese sentido, la convocante ha optado por un enfoque que garantiza la libre competencia, permitiendo que todas las firmas interesadas puedan presentar ofertas competitivas, siempre que cumplan con los requisitos mínimos definidos.

Respuesta:

Con relación a la presente consulta remitirse a la Adenda 1, en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta:

En atención a la solicitud de ampliación del plazo de entrega de bienes a un mínimo de 120 días, se aclara lo siguiente:
El presente llamado no corresponde a una contratación plurianual, por lo tanto, el plazo de entrega no puede extenderse más allá del ejercicio fiscal vigente.
Dado que el proceso de contratación se encuentra en su etapa inicial, y considerando los tiempos estimados para la adjudicación, firma de contrato y ejecución, una ampliación del plazo de entrega como la solicitada podría implicar el incumplimiento de los límites temporales del ejercicio fiscal, lo cual afectaría la validez y ejecución del contrato.
No obstante, se informa que la convocante ha contemplado esta situación y solicita a los oferentes remitirse a la adenda correspondiente, específicamente en la sección "Suministros Requeridos" del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), donde se detallan las condiciones actualizadas aplicables al plazo de entrega.

Respuesta:

En relación con su consulta, se aceptará catálogos de los equipos en idioma original del fabricante, remitirse a la Adenda 1 del Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta:

En atención a la consulta formulada, se informa que de conformidad con el Artículo 7 de la Resolución DNCP, se establece que:
"En los procedimientos cuyo monto de estimación de la contratación sea inferior a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de declaraciones juradas."
En consecuencia, cuando el monto estimado del llamado supera dicho umbral, como ocurre en este caso, no corresponde la presentación de la garantía mediante declaración jurada, debiendo los oferentes instrumentar la garantía de mantenimiento de oferta mediante póliza de seguro o garantía bancaria, conforme a lo dispuesto en la Ley de Suministro y Contrataciones Públicas, su Decreto reglamentario y las disposiciones complementarias emitidas por la DNCP.
Si bien el formulario de declaración jurada figura entre los documentos del Pliego Base de Condiciones (PBC), su inclusión no implica que sea aplicable a todos los llamados, sino que debe ser interpretado en función del monto estimado de la contratación.
Por tanto, no se aceptará la declaración jurada como forma válida de garantía en este procedimiento, y se exhorta a los oferentes a presentar la garantía conforme a las formas admitidas por la normativa vigente.

Respuesta:

El requerimiento establecido en el apartado "CAPACIDAD TÉCNICA", punto 4, responde a la necesidad de garantizar una respuesta inmediata, eficiente y sostenida ante cualquier eventualidad técnica que pudiera surgir durante la operación de los equipos adquiridos. La presencia física de un centro de soporte técnico autorizado en la zona permite:
- Atención presencial rápida, sin depender de traslados desde otras localidades o demoras logísticas.
- Conocimiento del entorno operativo, lo que facilita diagnósticos más precisos y soluciones adaptadas a las condiciones locales.
- Continuidad del servicio, especialmente en casos donde el soporte remoto no es suficiente o se requiere intervención directa.
- Disponibilidad de repuestos y herramientas en cercanía, reduciendo tiempos de espera y costos asociados.
Si bien se valora la capacidad de ofrecer soporte remoto, la experiencia institucional ha demostrado que contar con un centro técnico en la zona es indispensable para asegurar la calidad del servicio postventa, la sostenibilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos operativos.
Por lo tanto, se mantiene el requerimiento conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Respuesta:

En atención a la consulta formulada respecto a una posible inconsistencia entre los requisitos establecidos en el apartado de CAPACIDAD TÉCNICA y los definidos en las Especificaciones Técnicas (EETT), se aclara lo siguiente:
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) establece como requisito presentar certificados que demuestren el nivel académico de al menos 1 (uno) profesional técnico superior universitario, en calidad de Ingeniero Informático o Analista en Sistemas. Esta exigencia corresponde al perfil académico requerido para la implementación del proyecto.
Por su parte, las Especificaciones Técnicas (EETT) indican que el oferente deberá presentar al menos dos personas certificadas en la marca ofertada, lo cual responde a la necesidad de contar con personal idóneo para la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos.
No existe contradicción entre ambos apartados, ya que:
- El requisito de "al menos 1" profesional técnico superior universitario no limita la posibilidad de presentar más de uno.
- El requerimiento de "al menos 2" personas certificadas en la marca ofertada no exige que ambos sean profesionales universitarios, sino que estén certificados por el fabricante.
Por lo tanto, no se considera que exista una inconsistencia, y se aclara que los requisitos deben interpretarse como mínimos exigibles, sin perjuicio de que el oferente pueda presentar un equipo técnico más amplio que cumpla con ambos perfiles.

Respuesta:

Contestando a su consulta se debe distinguir adecuadamente entre lo que constituye una "aclaración" y lo que se considera una "modificación sustancial".
Una aclaración tiene como finalidad interpretar, precisar o explicar el contenido de las bases sin alterar sus condiciones esenciales. Aunque no se considera una modificación formal, sí se integra al pliego como parte interpretativa, lo que significa que debe ser tomada en cuenta por los oferentes al momento de preparar sus propuestas. Este tipo de intervención no cambia el sentido ni el alcance de los requisitos establecidos originalmente.
Por otro lado, una modificación sustancial implica un cambio en elementos clave del proceso, como los requisitos técnicos, los criterios de evaluación, los plazos, las condiciones de participación o cualquier aspecto que pueda afectar la equidad entre los oferentes o la naturaleza del objeto contractual. En estos casos, se requiere la emisión de una adenda formal, que garantice la transparencia, la publicidad y el respeto al principio de igualdad.
La línea que separa una aclaración de una modificación se cruza cuando el contenido de la aclaración deja de ser meramente explicativo y comienza a alterar las condiciones bajo las cuales los interesados preparan sus ofertas. Si una aclaración introduce nuevos requisitos, elimina condiciones previamente establecidas o cambia el alcance del contrato, entonces ya no puede considerarse una simple aclaración y debe formalizarse como modificación mediante adenda.
En resumen, la diferencia práctica radica en el impacto que produce la intervención sobre el contenido del pliego y sobre la competencia entre oferentes. Las aclaraciones son válidas mientras no alteren el marco normativo ni las condiciones esenciales del proceso. Cuando lo hacen, deben ser tratadas como modificaciones sustanciales.

Respuesta:

La cláusula que permite la ejecución de la garantía por no aceptar la corrección aritmética del precio se refiere exclusivamente a errores de suma y multiplicación, es decir, operaciones matemáticas básicas que pueden verificarse objetivamente en la oferta presentada.
Esto incluye, por ejemplo:
- Errores en el cálculo del precio total por ítem (cantidad × precio unitario).
- Errores en la suma de subtotales o del monto global de la oferta.
Sin embargo, no está permitido corregir los precios unitarios declarados por el oferente, ya que estos reflejan su voluntad económica y contractual. Modificar un precio unitario implicaría alterar el contenido sustancial de la oferta, lo cual está expresamente prohibido por la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.
Por tanto, si la entidad detecta un error aritmético en la suma o multiplicación y el oferente se niega a aceptarlo, puede ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta. Pero no puede, bajo ninguna circunstancia, ajustar o reinterpretar los precios unitarios consignados, incluso si parecen inconsistentes o desproporcionados.